Despotismo del siglo XXI

Marc Torres

A lo largo de la historia de la humanidad existen innumerables ejemplos de líderes y gobiernos que han practicado un tipo de poder considerado tirano o despótico. Estos patrones políticos los han aplicado desde las monarquías absolutistas del antiguo régimen en las que gobernaba un rey omnisciente, hasta las dictaduras del siglo XX en las que esa misma función la cumplía el líder carismático (Weber, 1921), pasando por los regímenes que evocan una anomalía democrática, considerada injusta o inmoral. En este sentido, hay que destacar el hecho de que el léxico de los conceptos «tiranía» y «despotismo» están fuertemente ligados a un contexto histórico-político determinado, mas siempre se han utilizado para definir a regímenes políticos ilícitos, indecentes o ilegítimos.

Con la llegada de las democracias liberales y la consolidación del capitalismo como sistema hegemónico, parecería que los gobiernos despóticos y absolutistas evocarían únicamente a tiempos pasados o regímenes dictatoriales «lejanos», dando por hecho que en la actualidad todas las decisiones políticas estarían supeditadas a la voluntad popular, entendida esta como el conjunto de ciudadanos libres e iguales. De mismo modo, se concibe que los ciudadanos delegan en los diferentes gobiernos las funciones políticas y de representación en virtud de una maximización de la utilidad y eficiencia, dando por sentado que el fin último –más allá de las diferencias políticas con el cual alcanzarlo- será el bienestar de la mayoría de la población. En consecuencia, cabría esperar que el despotismo y la tiranía ha dejado de ser una realidad en las sociedades más avanzadas, y que las comunidades políticas relativamente nuevas, como por ejemplo la Unión Europea, a priori, deberían reflejar la imagen de la consecución máxima de los sistemas democráticos más modernos y desarrollados, situados lejos de la arbitrariedad política o la voluntad interesada de un líder carismático o una minoría privilegiada. ¿Pero, esto es realmente así?

A partir de la obra de Joseph Stiglitz (2017), El euro, cómo la moneda común amenaza Europa además de algunos textos del economista y exministro de economía de Grecia, Yanis Varoufakis, se llevará a cabo una muestra detallada del acervo de políticas aplicadas por la Troika a los países del sur de Europa tras el estallido de la crisis financiera del año 2008, prestando una especial atención a las impuestas al Estado griego. Con ello se pretende observar si tales políticas realizadas por estos organismos han estado orientadas al interés general o si, por el contrario, se podrían considerar que cumplen con algunas de las características tipificadas como tiranía o despotismo.

Despotismo y tiranía

Las nociones de «despotismo» y «tiranía» han estado muy condicionados por un contexto temporal y político determinado. Sin embargo, siempre han sido utilizados con el objetivo hacer una diferenciación entre un “ellos” –los que ostentan el poder de forma ilegítima–, y un «nosotros» –los damnificados, el pueblo–. La utilización polémica de esta terminología tiene como objetivo principal señalar a aquellos regímenes políticos a los que se quiere combatir o refutar (Carl Smith, 2002). Algunos autores de la Grecia clásica ya otorgaban contenido y significado a estos dos conceptos. En primer lugar, utilizando las palabras del propio Platón (380 A.C.), lo que se considera una tiranía es «un régimen carente de razón y de verdad, incapaz de lograr el autoperfeccionamiento de la naturaleza humana, e inepto a la hora de garantizar el florecimiento de una vida buena en el seno de una comunidad […] surge de los excesos y decadencia de la sociedad democrática». Hay que destacar de esa época el hecho de que, para los griegos, el despotismo era considerado el gobierno de los bárbaros, en este caso representado a partir de la forma de gobierno del imperio persa (Sartori, 1987).

Por otro lado, en la actualidad, tiranía y despotismo suelen ser utilizados como una etiqueta y no como una manera de gobernar concreta. Del mismo modo se usan para definir actitudes o políticas que en momentos puntuales puedan realizar los mandatarios de turno. En este sentido, los términos que ha llegado hasta nuestros días, más allá del de totalitarismo o dictadura –estos harían referencia a los regímenes dictatoriales del siglo XX–, son los de autoritarismo y absolutismo. En el caso de autoritarismo, hace referencia al exceso de poder y al abuso de autoridad por parte de quien está en el mando de dicho poder, ya sea de forma legítima o no (Sartori, 1987). Por el contrario, en el caso del absolutismo, Hobbes, en el siglo XVII, lo definió como un poder deliberado sin controles ni frenos, el ejercicio del mismo que se realiza de manera discrecional y arbitraria (Hobbes, 1651). Este poder no está condicionado por la ley ni constreñidos por constituciones –estas, de haber existido, han sido eliminadas. La definición «hobbesiana» incluye la concentración excesiva de poder en manos de una minoría. De ello se extrae la ausencia de unos poderes intermedios que puedan realizar la función de equilibrar o contrarrestar la voluntad de dicha minoría (Sartori, 1987). Asimismo, existe el término Autocracia, tipificado por el mismo Sartori, y hace referencia a un sistema político donde el poder se ejerce sin controles ni límites, a la vez que dicho poder se encuentra concentrado en pocas manos. En la definición es muy parecido al absolutismo de Hobbes, pero en él encajarían mejor los sistemas democráticos, que, por deficiencia o insuficiencia, puedan llegar a tener ese tipo de dinámicas. En cualquier caso, más allá de las sustanciales diferencias que puedan existir entre este conjunto de apelativos, todos apuntan a la idea de la existencia de un poder político opresor y desagradable (Sartori, 1987).

Crisis, instituciones supranacionales y política económica

El 19 de enero del año 2019, durante el discurso sobre la conmemoración del 20 aniversario del nacimiento del euro celebrado en Estrasburgo, Jean Claude Juncker, dijo: «Siempre he lamentado la falta de solidaridad con la crisis griega [...] No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos, y nunca me he alegrado de que Grecia, Portugal y otros países se encontraran así. Siempre he querido que remontaran su lugar entre las democracias de la UE» (Eldiario.es, 2019). Con sus palabras, el por aquel entonces presidente de la Comisión Europea, estaba reconociendo los graves errores cometido por este organismo –junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional–, en relación con las políticas de austeridad impuestas a Grecia durante los peores años de la crisis financiera. Políticas cuyas consecuencias van a ser un lastre para ese país durante muchos años. Además, también se puede extraer el engaño realizado por parte de la élite burocrática europea y del egoísmo antidemocrático del establishment financiero, que ha contado en todo momento con el beneplácito de la mayoría de los países de la zona euro. De igual modo, del discurso de Juncker también se observa el fracaso de las instituciones europeas, así como la traición a los principios de solidaridad con los que se fundó la Unión. Y lo que es más grave, a pesar de este reconocimiento, nadie ha pagado las consecuencias del error.

En consonancia a todo lo expuesto hasta ahora, ¿Se puede afirmar que las instituciones europeas están sometidas al control democrático?, ¿Han sido las políticas de austeridad un claro ejemplo de medidas que han estado al servicio de una pequeña élite en detrimento de la gran mayoría?, ¿las reformas estructurales impuestas a Grecia por parte de la Troika son un ejemplo de tiranía o despotismo? Veamos.

Instituciones antidemocráticas e ideología económica

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la unión de los cuales comúnmente es conocida como Troika, han sido los encargados –a veces los tres organismos juntos, en otras ocasiones únicamente el BCE y la CE– de aplicar –e imponer– sendas reformas a los países del sur de Europa, especialmente en Grecia. Con el objetivo de que el artículo no sea muy enrevesado, la exposición de las reformas estructurales realizadas por estos organismos se harán de forma conjunta, es decir, no se hará distinción si estos han venido de la mano del BCE y de la Comisión Europea, o de la Troika.

Según expone Stiglitz (2017) en su obra El euro, cómo la moneda común amenaza Europa, el Banco Central Europeo, el cual su función principal es el control de la inflación –independientemente de los indicadores de paro, desigualdad, etc.– tiene un grave problema de déficit democrático, ya que su personal está compuesto por tecnócratas que no están sujetos a ningún tipo de responsabilidad democrática. Como ejemplo paradigmático, lo sucedido en el año 2017, cuando el BCE, con el objetivo de impulsar el crédito, prestó a la banca comercial 233.500 millones de euros con un interés del 0% (La Vanguardia, 2017). Esta medida se realizó sin el aval de ningún congreso o parlamento nacional, por lo que el conjunto de la ciudadanía europea no tiene la capacidad –legal– de pedir responsabilidades políticas por tal hecho. Esto podría ilustrar el desapego que están sufriendo las instituciones europeas por parte de sus ciudadanos, los cuales, las perciben como organizaciones lejanas, inaccesibles y con un alto grado de opacidad. A causa de este tipo de cuestiones, también se podría derivar parte del repliegue nacionalista que en la actualidad está azotando a gran parte de países de la Unión Europea. Claro está, el auge del nacionalismo tiene mucho que ver, como sostienen algunos autores, con la falta de una identidad cultural conjunta europea además de la crisis de valores que se viene produciendo mucho antes del crash del 2008 y de las políticas de austeridad derivadas de este (Sánchez, 2009). 

 Relacionado con la falta de transparencia y el control democrático que sufren algunas de las instituciones europeas, es el sentido ideológico de las políticas y las reformas estructurales que se impusieron en algunos de los países miembros. En primer lugar, como señala Stiglitz (2017), las medidas que realizaron el Banco Central Europeo y la Comisión Europea junto al Fondo Monetario Internacional en el seno de la Unión, respondieron a los intereses de los tecnócratas que componen dichos organismos. Estos directivos, fuertemente ideologizados, basaron sus ideas fundamentalmente en el neoliberalismo, obviando completamente las cuestiones técnicas y científicas. Obraron tal devoción por la ideología de laissez faire que se ha convertido casi en un dogma religioso. También desarrollaron una suerte de fundamentalismo de mercado, donde los modelos económicos aplicados eran simples y ambiguos, basados únicamente en una ‘’moda’’ y en la actual hegemonía económica neoliberal «Tacheriana» (Stiglitz, 2017). Algunos de los académicos –como por ejemplo Kenneth Rogoff y Carmen Reinnharrdt– que inspiraron las medidas de austeridad promovidas por la Troika para los países del sur de Europa, argumentaron que los países con una proporción de deuda por encima del 80%, crecería a un ritmo más lento. Según Joseph Stiglitz, «esta premisa no estaba contrastada y partía de errores de cálculo. Solo sucedía esto en determinadas condiciones. Tampoco demostraron causalidad’» (Stiglitz, 2017). Este hecho es llamativo cuando vemos que países como los EEUU lograron el crecimiento económico teniendo una deuda superior al 120% del PIB. Asimismo, la Troika se ha mantenido fiel a sus recetas económicas, independientemente de sus errores y la ineficacia de las políticas de austeridad, las cuales, han sido de obligado cumplimiento.

Observando circunstancias como esta, es difícil no pensar que las políticas impulsadas por la Troika no esconden objetivos «oscuros» y latentes más allá de la intención de rescatar la zona euro. Esto cobra fuerza cuando se observa que los más beneficiados de las reformas estructurales han sido las grandes fortunas y los banqueros. Siguiendo con los argumentos de Stiglitz (2017), el BCE, lejos de ser independiente y velar por los intereses del conjunto de los ciudadanos europeos, ha estado al servicio de la pequeña élite financiera. Las medidas de política monetaria impulsada por el Banco Central, implicaba que cualquier crecimiento económico que se pudiera producir, iría a parar a las capas más altas de la sociedad, incidiendo gravemente en la igualdad. Esto es especialmente grave cuando numerosos estudios realizados por el FMI y la OCDE demuestran que la desigualdad económica genera un menor crecimiento y una mayor inestabilidad. Muchos otros académicos también han alertado de la ineficiencia del actual fundamentalismo del libre mercado y su (des)regulación en favor de las élites económicas y financieras (Baker, 2010). En este sentido, durante todo el periodo de crisis, tanto de la mano de Mario Dragui como de Jean–Claude Trichet, se priorizó «sanear» el sector financiero a costa del bienestar de los ciudadanos. De las palabras del propio Stiglitz: «El BCE ha tomado decisiones políticas. Estas decisiones pueden ir encarriladas en diferentes sentidos. Siempre hay ganadores y perdedores tras la aplicación de políticas, en las del BCE siempre pierden los trabajadores y la mayoría social» (Stiglitz, 2017).

En consonancia con esto último, teniendo en cuenta que la directiva del BCE está formada –en gran parte– por miembros que han pertenecido al sector financiero, no es de extrañar que los planes de desregulación que se llevaron a cabo en ese ámbito durante los últimos años estuvieran enfocados al beneficio de esta élite (Stiglitz, 2017). En virtud de ello, las llamadas «puertas giratorias», que han sido una máxima entre el BCE y el sector financiero, es una cuestión muy ilustrativa sobre la orientación de las reformas que impuso la Troika a los países del sur de Europa. 

Hay que destacar el hecho de que el BCE, después de 20 años desde su creación, no tiene entre sus méritos un crecimiento económico abultado, una estabilidad destacable ni un nivel de ocupación medianamente razonable. Únicamente ha obtenido rentables resultados para los bancos y las grandes fortunas, todo a costa de los ciudadanos y de la economía de los países más débiles de la Unión Europea. Como muestra está el hecho de que Trichet «forzó a los irlandeses a asumir la deuda de sus bancos, siendo consciente que estaba responsabilizando al pueblo de los errores que cometieron otros. Exigió recortes salariados a los trabajadores de Irlanda. Era un aliado de los banqueros y enemigo de los trabajadores corrientes» (Stiglitz, 2017).

Siguiendo con los supuestos objetivos ocultos del BCE, desde este organismo siempre se ha defendido una mayor «felixibilidad» salarial, por lo tanto, han estado en concordancia con los intereses de las empresas y de sus propietarios. Un mecanismo utilizado con ese fin fue la obligatoriedad de realizar reformas laborales a cambio del préstamo de dinero y liquidez. También es preciso destacar como todos los rescates realizados estuvieron orientados a que los países del sur de Europa puedan pagar sus deudas. En el caso de Grecia, la Troika inyectó dinero a este país a un tipo de interés muy alto –del cual solo un 10% fue a parar al pueblo griego–, con el objetivo de que sufragara el dinero que debía a sus acreedores, aun a sabiendas que las posibilidades de que el Estado griego devolviese el dinero prestado para ello era muy baja. Esto se explica por el hecho de que una gran cantidad de bonos griegos estaba en manos de bancos franceses y alemanes, los cuales eran demasiado grandes e importantes para dejar caer (Varoufakis, 2012).

En los acuerdos entre Grecia y la troika, «se utilizaron unas previsiones ficticias, en consecuencia, los acuerdos casi nunca se alcanzaban, por lo que según esto sucedía, se añadían nuevos pactos de austeridad» (Stiglitz, 2017). La élite económica griega, permitió, trágicamente, que las élites del norte de Europa hundieran a los griegos con menos recursos, quedando ellos en la salvaguarda y situando a Europa en un planeo de misantropía, autoritarismo y fragmentación (Varoufakis, 2012).

Además de lo expuesto hasta el momento, con las reformas estructurales impulsadas por la Troika, lo que se buscaba es reducir los impuestos que pagan las grandes corporaciones, restringir el papel de los gobiernos nacionales en la economía y promover numerosas privatizaciones de empresas públicas. En consecuencia, la armonía entre la ideología neoliberal de estas instituciones y los intereses económicos de las oligarquías europeas es evidente. 

Para finalizar este punto, es interesante recalcar el hecho de que se procuró que calase, entre la opinión pública europea, que los rescates bancarios se tuvieron que llevar a cabo por culpa de la irresponsabilidad y mala gestión de los gobiernos de los países del sur de Europa. Este mantra se utilizó sobre todo para culpar a los ciudadanos griegos de su bancarrota, acusándolos de vagos y derrochadores. Esto cobra una mayor relevancia cuando es conocido que la principal responsabilidad del estallido de la crisis financiera la tienen los propios banqueros, ya que ellos mismos tenían los incentivos para correr los riesgos necesarios en pro de una supuesta maximización de beneficios. Ellos Jugaban con el dinero de los contribuyentes como si de un casino se tratase, asumiendo unos riesgos que habrían sido inadmisibles en un mercado financiero sujeto a regulaciones (Varoufakis, 2012), en consecuencia, los ciudadanos de la Unión Europea están pagando el fracaso desregulador impulsado por el Banco Central Europeo (Stiglitz, 2017).

Las políticas de austeridad y sus consecuencias

 

Hay que destacar el hecho de que para que el Banco Central Europeo prestara dinero a los países del sur de Europa, estos deberían realizar grandes recortes en sus gastos sociales. En el caso del Estado griego, Stiglitz (2017) habla directamente de un sometimiento deliberado de chantaje. Como ejemplo paradigmático sobre el gran poder que ha adquirido en el seno de la unión el Banco Central Europeo, está el caso del borrador de los presupuestos de estado presentados por el anterior gobierno italiano, donde, por primera vez en la historia, el Colegio de Comisaros de la U.E.  los vetó. Además, dio tres semanas de margen a Italia para que rehiciera esos presupuestos, siempre siguiendo la línea de déficit exigida por ellos (El mundo, 2018). Esto cobra mayor importancia por el hecho de que aquel gobierno italiano, encabezado por Guiseppe Conte y «capitaneado» por Mateo Salvini, se presentaron en las elecciones como políticos antiausteridad y antiestablishment europeos, quedando demostrado, una vez más, que los márgenes de toma de decisiones por parte de los estados en materia económica es sumamente limitado, permaneciendo subyugados al criterio del Banco Central Europeo.

 

Los programas impulsados por la Troika al conjunto de los países del sur de Europa imponían grandes reformas estructurales, que, en la mayoría de los casos, se demostraron contraproducentes. Este organismo reconocía que, aunque la crisis de estos países no era un problema estructural, las reformas sí que deberían serlo. Muchas de estas iban encaminadas a que progresaran las empresas privadas, no a ayudar a los países en sí. Lo más grave del asunto es que todos los líderes europeos fingieron creer que las políticas de austeridad ayudarían a mejorar la economía de los países recatados (Stiglitz, 2017).

 

En todo momento, las medidas impuestas estuvieron encaminadas en mejorar los indicadores económicos que menos afectaban al conjunto de la población. Indicadores como el déficit, el PIB, la tasa de interés, etc. fueron el argumento más utilizado por los tecnócratas europeos para justificar las políticas de austeridad. Obviaron otros datos tanto o más importantes, como son el paro, el gasto social, el coeficiente de Gini, la previsión de crecimiento, etc. La falta de buena salud de todos estos indicadores eran concebidos como efectos secundarios inevitables (Stiglitz, 2017). El objetivo principal siempre fue bajar la tasa de interés de los países rescatados para así poder mejorar su capacidad de endeudamiento. «El consejo alemán de expertos económicos presento a España como un éxito de las políticas de austeridad, sin entrar a valorar que un cuarto de la población activa española estaba en paro» (Stiglitz, 2017). Se llevaron a cabo una serie de reformas que con el tiempo se han demostrado que han sido erróneas, destructivas y en muchos casos, hasta inhumanas. Entre algunas de las políticas de austeridad aplicadas en Grecia, país al cual obligaron a reformar la constitución para que se pudiesen llevar a cabo, ya que la mayoría se habrían declarado inconstitucionales, –hay que destacar como las constituciones de otros países también han sido reformadas con el objetivo de subyugar la economía interna a las directrices europeas, ente ellas, la reforma del artículo 135 de la constitución española– estaban las de subir el IVA al 23%; recortar las pensiones hasta el 45% –como hecho significativo subrayar que Grecia gastaba menos en pensiones que Alemania–; obligación a las pequeñas empresas griegas de pagar los impuestos a principio de año, sin tener constancia de cuanto serían sus ingresos; eliminar la ley anti desahucios con la que contaba el país heleno, eliminación de la retención fiscal de dinero enviado desde Grecia a los inversores extranjeros, etc. El objetivo principal de estas políticas era reducir drásticamente el gasto social (Stiglitz, 2017). También se realizaron numerosas privatizaciones, sin llegar a constatar si a largo plazo sería rentables para las arcas griegas. En muchos casos, estas privatizaciones propiciaron las prácticas monopolísticas y la reducción de la influencia de los consumidores (Varoufakis, 2012). Así mismo, impulsaron reformas en el gremio farmacéutico –sin saber exactamente qué objetivos ocultos puede haber detrás de este hecho– y en el mercado laboral. En este último se abarató el despido aumentando así la temporalidad y precariedad. Todo ello desencadenó abultados beneficios económicos de las grandes compañías (Stiglitz, 2017).

Entre todas las reformas impuestas, cabe destacar algunas de carácter extremadamente trivial, que en ningún caso han beneficiado ni al PIB de Grecia ni a los consumidores o pequeñas empresas de este país. Un ejemplo de este tipo de medidas fueron la reforma de los horarios comerciales, regulación en el tamaño del pan o la retirada de la palabra «fresca» de la leche producida en el país heleno. No existe explicación racional ni una teoría económica consistente, y mucho menos empírica, que avale este tipo de medidas (Stiglitz, 2017).

El principal problema de todas estas reformas estructurales son las consecuencias que han tenido en los países en los cuales se han aplicado. Con las políticas de recortes, la mejora en la posición fiscal que dichos países puedan tener queda en anecdótica en comparación al daño social que se genera. Está comprobado que la austeridad es negativa tanto a corto como a largo plazo, además de caer en un círculo vicioso de préstamo–endeudamiento del que es muy difícil salir. En el caso de Grecia, que está inmersa en una depresión sin un final previsible, los líderes europeos en el año 2011, a causa de la ineficiencia comprobada, se comprometieron a poner fin a las reformas estructurales fundamentadas en la reducción del gasto social. Esta promesa ha sido incumplida. (Stiglitz, 2017). 

Entre las consecuencias que han tenido los países del sur de Europa tras la aplicación de estas políticas, siguiendo con las tesis de Stiglitz (2017), se encuentran cuestiones como el aumento del paro, la desigualdad, la destrucción de la clase media, paro juvenil, etc. En Grecia, se redujo hasta un 40% el salario medio de la población griega, los hospitales han sufrido serio desabastecimiento y ha habido un exponencial aumento de los desahucios y de las personas sin hogar, etc. Los resultados son muy graves y desastrosos. En el año 2014, el 36% de la población de este país estaba en riesgo de caer en pobreza y exclusión social. Pero no solo eso, en cuestiones económicas tampoco resultaron eficientes. Las políticas impulsadas por la Troika ha puesto a Grecia en manos de empresas y gobiernos extranjeros. Este organismo también propició que los ahorradores griegos retiraran sus ahorros de los bancos, socavando así la recaudación de impuestos. Los recortes en I+D también ha dejado daños irreversibles para el futuro, como por ejemplo la fuga de cerebros locales en beneficio de otros países. En consecuencia, «Grecia fue aplastada. Y no fue aplastada dejando de quebrarse, sino, por el contrario, imponiendo el mayor préstamo de la historia sobre sus debilitados hombros con la condición de que debía renunciar al 30% de su PIB nominal» (Varoufakis, 2017).

Los estudios empíricos demuestran que la desigualdad económica socaba el rendimiento económico de los países. Las políticas de austeridad también propiciaron la rebaja de los ingresos del Estado griego. Tales políticas, jamás antes aplicadas en ningún país, provocó grandes contracciones, llegando a sorprender a los economistas que tanto las habían defendido. Los modelos de economía estándar no pudieron predecir estos hechos (Varoufakis, 2012). El FMI, reconociendo el fallo de las políticas de austeridad, se propuso reconsiderar los programas aplicados. En ese momento, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, lejos de redimirse, no reconocieron el error en el modelo aplicado, por lo que no reconsideraron sus políticas (Stiglitz, 2017). 

Algunas alternativas a las políticas de austeridad

Se podría argumentar que las reformas estructurales realizadas se hicieron porque no existían alternativas a las políticas de austeridad, que era un trauma inevitable y necesario. El problema radica en el hecho de que sí existían políticas económicas alternativas orientadas a solucionar los problemas derivados de la crisis financiera. Como mínimo, a tener en cuenta una vez que las medidas aplicadas se han descubierto inútiles y contraproducentes. La primera reforma que se debería haber realizado, según Stiglitz (2017), es la regulación del sector financiero. Esta reforma debería ir encaminada a revitalizar las rentas al trabajo y reducir los beneficios de las rentas al capital, que en los años previos a la crisis se multiplicaron a unos niveles que resultaron incontrolables, produciendo así una economía ficticia desligada completamente de la producción industrial (Varoufakis, 2012).

 

La troika también debería haber puesto el foco recaudatorio en los impuestos progresivos, ya que esto haría disminuir la desigualdad interna de los países con los beneficios que esto conlleva– así como aumentar la recaudación. «Se deberían haber realizado transformaciones estructurales enfocadas a la investigación y la tecnología, que como se ha demostrado durante años, benefician la capacidad productiva de un país» (Stiglitz, 2017). También hay que tener en cuenta que en los países que no han intentado reducir deliberadamente el gasto público mediante las políticas de austeridad, la deuda pública ha dejado de aumentar (Varoufakis, 2012).

En lugar de llevar a cabo reformas en el mercado laboral para así abaratar el despido y aumentar el beneficio empresarial, se debería haber realizado el régimen a tasa de cambio flexible, el cual produciría efectos más positivos en la economía de los países con déficit (Stiglitz, 2013). La nacionalización de los bancos rescatados, con el objetivo de controlar el poder de los banqueros, así como sus incentivos a las inversiones de alto riesgo, también es una medida eficiente (Varoufakis, 2017).  De igual modo, la reestructuración de la deuda sería otro mecanismo a valorar en los casos como el del Estado Griego, más teniendo en cuenta que este país perdonó parte de la deuda que Alemania padecía tras la Segunda Guerra Mundial.

Consideraciones finales

 

Una vez expuestas las medidas realizadas por la Troika y algunas de las consecuencias que han tenido, se está en disposición de formular algunas consideraciones finales. En primer lugar, se puede observar como detrás de todas las reformas estructurales llevadas a cabo, se encuentra un interés oculto que va más allá de la recuperación económica de los países rescatados. Este interés coincide con el del sistema financiero, que ha sido el sector más ha salido beneficiado de las políticas económicas aplicadas en los últimos años. La justificación técnica de dichas medidas es sumamente inconsistente, ya que estás han estado cargadas de contenido ideológico. Es más, si observamos los resultados dramáticos que han supuesto para la mayoría de la población de los países del sur de Europa, se podrían considerar que dichas políticas han sido contraproducentes, saliendo beneficiada una pequeña población en detrimento de la mayoría. Esto adquiere una mayor importancia si le sumamos el hecho de que todas las decisiones tomadas en este ámbito se llevaron a cabo sin ningún tipo de control democrático y ajeno al interés del conjunto de la población. Cualquier voz o intento de reconducir el sentido de las políticas de austeridad es invalidado y descalificado. 

Si tenemos en cuenta que las decisiones económicas en el seno de la unión se realizaron por una minoría, de manera arbitraria y discrecional, además de no estar sujetas a mandatos constitucionales ni a poderes intermedios que actúen de contrapeso, me venturo a decir que la Troika actuó de manera tiránica y despótica, ejerciendo un excesivo poder sobre la población de los países del sur de Europa, la cual carecía de la capacidad de revocación de estos organismos supranacionales. Asimismo, estas decisiones estuvieron amparadas por una corriente intelectual que no dudó en subyugar a la ciudadanía a una especie de absolutismo de mercado, siempre a partir de la utilización deliberada de tecnicismos económicos con una clara intención de enmascarar intereses ocultos. Utilizando el concepto creado por Simon Hix y Bjorn Hoyland (2012), se puede afirmar que nos encontramos ante el nuevo Despotismo ilustrado del siglo XXI.

Bibliografía

Hix, S y Hoyland, B. (2012). Sistema político de la Unión Europea

Hobbes, T. (1651). Leviatan

Platon (380 a. C.). República

Sanchez Garrido, P. (2009). Crisis constitucional e identitaria de la Unión Europea

Sartori, G. (1987). Teoría de la democracia. El debate contemporáneo

Schmitt, C. (2002). El concepto de lo político

Stiglitz, J. (2017). El euro, como la moneda común amenaza Europa

Varoufakis, Y. (2012). El minotauro global

Varoufakis, Y. (2012). ¡Aplastar a los griegos! El plan de rescate griego a la luz de las revelaciones de Geithner

Weber, M. (1921). Economía y sociedad

Baker, D. (2010). El mito del fundamentalismo del mercado libre. Recuperado de: http://www.sinpermiso.info/textos/elmitodelfundamentalismodelmercadolibre [online] 

El mundo (23 de octubre del 2018). Bruselas tumba los Presupuestos italianos.

Recuperado                                                                                              de

https://www.elmundo.es/economia/2018/10/23/5bcf269fe2704e0d4a8b4794.ht ml [online]

El diario.es (19 de enero del 2019). La UE busca el perdón por las mentiras contadas sobre Grecia durante la crisis. Recuperado de:

https://www.eldiario.es/internacional/UEperdonmentirascontadasGrecia_0_858464420.html [online]

La Vanguardia (24 de marzo del 2017). El BCE presta 233.500 millones a la banca al 0% para impulsar el crédito. Recuperado de:

https://www.lavanguardia.com/economia/20170324/421132540149/bceliquidezbancosimpulsocredito.html [online] 

  • Blanco Icono de Instagram
  • Twitter Icono blanco
  • Blanca Facebook Icono
  • Telegram-White-PNG

ReconÈIXER la tradició 

plurinacional i emancipatÒria

del nostre país 

és la condició de possibilitat

per A poder governar-nos

VOLS PUBLICAR

A AGON?

Publicacions

recomanades

© 2020 Agón, Cuestiones políticas