Entrevista a Adoración Guamán

«Nos encontramos con entidades supranacionales que están totalmente separadas de cualquier tipo de control democrático y que son las que realmente actúan tomando las decisiones que nos afectan a todos.»

Adoración Guamán és una militant i intel•lectual reconeguda a nivell internacional. Professora titular de Dret del Treball a la Universitat de València, actualment és la nova Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 2a de la Generalitat, Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

 

A La Taula, vam parlar amb ella al voltant de diversos temes que van des dels governs transformadors d’Amèrica Llatina fins a les mesures implementades pel Botànic II per fer front a la crisis de la Covid19. Ara vos portem la transcripció d'aquella conversa que mantiguérem amb ella durant el confinament.

Entrevista a càrrec de Xavier Granell

Bloque I. América Latina, neoliberalismo y Covid19

 

Pregunta: ¿Qué importancia tienen en la situación actual las transformaciones producidas en el papel de las instituciones supranacionales en relación con el poder estatal a partir de los años 80 (Consenso de Washington, Banco Mundial)?

 

Respuesta: Se trata de un tema que hace años que venimos trabajando. Siempre remarco una frase de Boaventura de Sousa Santos, que dice que el principio del mercado ha alcanzado en estas últimas décadas un intensidad sin precedentes, colonizando los principios de Estado y comunidad. Habla de una fase de capitalismo desorganizado, donde el dominio de las instituciones financieras internacionales, de las empresas transnacionales, ha sobrepasado los límites de lo público y del Estado, ahí quizá un término que nos explica bastante bien esta situación es lo que hemos denominado “autoritarismo de mercado”. Se trata de un tipo de imposición por un sistema autoritario difuso, supranacional, que es capaz de imponer su voluntad a los Estados (y, por tanto, a la ciudadanía) por mecanismos que desbordan negativamente tanto la democracia estatal, como a las instituciones supranacionales (pongo como ejemplo el caso de la Unión Europea).

 

De esta manera nos encontramos con entidades supranacionales que están totalmente separadas de cualquier tipo de control democrático y que son las que realmente actúan tomando las decisiones que nos afectan a todos. El autoritarismo de mercado tiene un instrumento que es quizá lo más tangible, llamado Lex mercatoria. La Lex mercatoria es el conjunto de decisiones que tienen influencia sobre los sistemas económicos y sociales y que son tomadas por instituciones supranacionales como el FMI o el Banco Mundial. Dentro de esta Lex mercatoria entrarían tanto los tratados del FMI o los memorandos (véase el caso de Grecia con la Troika o de Ecuador con el FMI) pero también los tratados de comercio o de inversión que se negocian entre Estados o entidades supranacionales como la Unión Europea, que tienen por objetivo facilitar el comercio y apoyar este dominio de unos actores concretos como son las empresas transnacionales, es lo que podríamos llamar el código del capital.

 

Así, el autoritarismo de mercado tendría un instrumento fundamental que es la Lex mercatoria y unos actores siempre beneficiados, que además controlan las instituciones financieras internacionales, que son: las empresas transnacionales y los Estados cómplices o sometidos. Así, dentro de este marco teórico general, entra la última cuestión que es la captura corporativa. Denominamos así a la capacidad que tienen las empresas transnacionales o las instituciones que son instrumentos fundamentales como el FMI, para imponer su voluntad a determinados Estados.

 

En América Latina hemos visto en estos últimos años una captura fortísima de determinados Estados. Lo hemos visto en República Dominicana, en Honduras, también de forma muy clara con la Argentina de Macri, y también lo hemos visto con el Ecuador de Lenin Moreno. Se ve ahí claramente como hay una imposición de la voluntad de las empresas frente a la soberanía nacional que reside en el pueblo y en las instituciones democráticas, esto se traslada a través de organismos como el FMI.

 

Entonces, yo creo que siempre que hablamos del FMI o del Banco Mundial, parece que nos estamos refiriendo al Consenso de Washington de los años 80-90, pero en realidad son instituciones de absoluta actualidad que se plasmaron aquí en Europa a partir de la crisis de 2008 y la postcrisis, mediante  lo que podemos llamar el Consenso de Bruselas y que ahora han vuelto a América Latina.

 

Continuando por América Latina, que es un lugar que conoces bien, te quería preguntar respecto a la cuestión del fin de ciclo. ¿Hay un fin del ciclo progresista o, como dice García Linera, es un proceso por oleadas? ¿Qué evaluación te merece esta década que algunos denominan década ganada?

 

En primer lugar hay que tener claro que cuando hablamos de América Latina estamos hablando de una relación muy compleja y de un permanente cambio político. Está claro que en América Latina se han originado la mayor parte de movimientos populares que han sido iconos y referentes de las izquierdas. Pero también allí se han dado dinámicas brutales de acumulación por desposesión y de afrentas a los derechos de las personas y la naturaleza, de violencia, dictaduras, etc. En este sentido, América Latina siempre ha sido un laboratorio al que desde Europa hemos mirado tanto para aprender como para saber de dónde vienen las amenazas. De hecho, cuando aquí hablábamos de neofascismo, muchas veces lo hemos hecho a nivel teórico mirando a Trump, mirando a Bolsonaro, en definitiva, mirando también a las dictaduras anteriores del Cono Sur.

 

Teniendo esto claro, parece que se impuso la teoría de los ciclos que mencionas en muchos medios académicos, teóricos o de discusión política. Sin embargo, hay muchos pensadores que la tachan de simplista. Es posible leer la historia reciente de Latinoamérica en esta dialéctica de décadas perdidas y ganadas. Por ejemplo, la década perdida de los 80’, que fue la “década de la deuda” o la década neoliberal de los 90, que muchos la llaman “década robada”, robada por el Consenso de Washington, robada por el There is no alternative, y finalmente llegó la década (o las décadas) de los gobiernos posneoliberales, que mucha gente llama “década ganada”, que realmente supusieron un antes y un después y un profundo cambio.

 

Sin embargo, esta manera de compartimentar la historia deja muchas cosas ocultas, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la movilización popular por los derechos sociales, no se tiene en cuenta si hablamos de los 90’ como la década robada neoliberal, que fue en ese momento donde se fraguaron la gran mayoría de luchas que luego se consolidaron en lo que ha sido la década ganada o de transformación. Por eso hay mucha gente que habla de la década de los 90’ como la década ganada por los movimientos sociales y la transformación social.

 

A mí me gusta más una interpretación que dice que sí estamos ante un fin de ciclo pero un fin de ciclo muy amplio, que no va por décadas, que es el fin de un largo camino de democratización que parece haberse cerrado en la región y que en el caso de muchos países se puede hablar incluso de involución, como se ha visto claramente en Brasil, Bolivia, Ecuador y también en Uruguay. Entonces esta evolución de tantos años, de tantos altos y bajos como un largo camino hacia la democratización y ampliación de derechos, parece haberse tumbado.

 

Desde luego yo coincido con García Linera en el tema de las oleadas, tampoco creo que sea posible determinar un ciclo como un destino manifiesto, como el cierre de uno por la apertura de otro. Creo que la realidad de esta última década, ganada en muchos sentidos, también debería leerse de una manera crítica para entender la compleja relación entre esos gobiernos posneoliberales con los movimientos sociales y sindicales. Por tanto, coincido en revisar la teoría de las décadas, ampliándola más, teniendo en cuenta la necesidad incluso de criticarnos, de criticar políticas de transformación llevadas a cabo para poder mejorarlas en los años venideros, donde será muy probable que vuelva a ver un cambio en América Latina.

 

Si te parece vamos a aterrizarlo en el caso de Ecuador que, si no me equivoco, estuviste justo en el octubre de 2019, cuando se declaró el Estado de Excepción. De hecho es un ciclo de protestas que se produce justo unos días antes del estallido del 18 de octubre en Chile. Te quería preguntar, ¿qué ha pasado en Ecuador para ser un país que estaba en un proceso de cambio social y político a estar en el punto de mira de las organizaciones internacionales por los derechos humanos?

 

La relación que tengo con Ecuador es intensa y hace ya años que tuve la gran suerte de trabajar allí con organizaciones sociales y de derechos humanos, porque desde Ecuador se estaba impulsando el Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas (el binding treaty), al que he dedicado mi vida casi los últimos 4 años.

 

Cuando en las elecciones de mayo del 2017 en segunda vuelta ganó Lenin Moreno, todo parecía apuntar, en tanto en cuanto Lenin Moreno era el candidato apoyado por Rafael Correa y Alianza País, que se iba a continuar con ese proceso de transformación social. Sin embargo, pronto se evidenció que no iba a ser así. El nuevo presidente se rodeó de poderes económicos muy potentes con vínculos durísimos con los EE.UU y también con las instituciones financieras internacionales. Se convocó una consulta popular para reformar instituciones fundamentales del Estado, de una manera mañosa, jurídicamente más que cuestionable, y acabó dándose un giro radical a la política pública utilizando además una serie de figuras que estaban en la Constitución, para asegurar la transparencia y el control democrático, utilizándolas para desarmar al Estado.

 

Eso pasó en febrero de 2018 y desde entonces en adelante se evidenció la permanente entrada de las instituciones financieras internacionales en Ecuador (como el FMI) y la sumisión de la gran mayoría de ministerios al dictado de los intereses de las grandes empresas ecuatorianas, como por ejemplo ocurrió con el ministro de trabajo, que hizo toda una serie de durísimas reformas del 2018, imponiendo la precariedad en los contratos laborales (era un empresario bananero). De hecho, lo primero que hizo fue una norma que regulaba las relaciones laborales en este sector bananero, precarizándolas al máximo.

 

Ha sido un proceso burdo, pergeñado en mi opinión de constantes ilegalidades, que culminó con el anuncio del 2 de octubre de 2019 de la eliminación del subsidio a los combustibles y de la puesta en marcha de una serie de medidas exigidas por el acuerdo con el FMI que había sido adoptado ya en febrero de 2019. En ese momento estalló una revuelta popular. Hay que tener en cuenta que el movimiento indígena, cuando se ha alzado, ha arrasado con gobiernos. Tras el anuncio del “paquetazo” y con movilizaciones incipientes, el gobierno declaró el Estado de Excepción sacando al ejército a la calle y se produjeron una serie de actos violentos que culminaron en 12 días de ofensiva de las fuerzas del orden contra la población. Mujeres, niños, comunidades indígenas concentradas en una plaza de Quito y profesores de universidad, como era mi caso, y otra serie de gente que estábamos allí, ejerciendo una protesta legítima y democrática (y la gran mayoría de veces pacífica) que fue reprimida con una violencia durísima.

 

Al final lo que llamamos la “Batalla de Quito” culminó con un acuerdo que obligó al gobierno a retirar el decreto. Pero fue una victoria, en mi humilde opinión, pírrica, en tanto en cuanto el gobierno reforzó esta voluntad de ofensiva contra los derechos de las personas y empezó una dinámica de ‘lawfare’ potentísima contra dirigentes medios de la oposición, del conjunto del correísmo, pero también de otras fuerzas, acusándolos del delito de rebelión, lo cual es una novedad en América Latina puesto que el ‘lawfare’ siempre ha ido vinculado a los grandes dirigentes, a efectos de acusarlos de un delito de corrupción para luego manipular ese delito. Ahora se da un paso más, ahora se utiliza el delito de “rebelión” contra todo adversario político.

 

Posteriormente llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso Michel Bachellet de Naciones Unidas, para intentar dilucidar qué ocurrió con los 13 muertos, los más de mil heridos, algunos desaparecidos que se produjeron y el exceso de represión.

 

Fue una época durísima, pero el gobierno parecía haber ralentizado la agenda de reformas, hasta que llegó la Covid19. El gobierno ha aprovechado la emergencia sanitaria para radicalizar su agenda de reformas de la mano del FMI, lo cual es gravísimo, porque la gente tiene que elegir entre morirse de hambre o contagiarse. De hecho ahora mismo la gente está saliendo a las calles a protestar a pesar del riesgo de contagio porque realmente la situación del país es insostenible incluso en aspectos vitales como la alimentación. Las leyes aprobadas por el gobierno suponen un auténtico expolio de los Derechos Humanos y de la naturaleza y creo que la situación es realmente crítica en estos momentos en Ecuador.

 

El neoliberalismo en España, como en otras partes del mundo, se constituyó con un modelo territorial descentralizado que fue el régimen autonómico. A partir de la crisis de 2008 vemos como el programa de ajuste fue acompañado de un proceso de recentralización. ¿Cómo explicarías tú esta relación entre neoliberalismo y centralización/descentralización en el caso concreto español?

 

El caso concreto español es particular en el ámbito europeo como bien sabes, en tanto en cuanto nuestro Estado social se construye cuando hay ya un consenso neoliberal asentándose en la mayoría de países de nuestro entorno. En ese sentido, nuestra Constitución responde a los estertores de un modelo social y aun así intenta integrar algunos diques, aunque estos diques se descubre pronto que son bastante débiles. Por ejemplo, la introducción y protección de los derechos sociales en nuestra Constitución se sitúa (en su mayoría) en el marco de los principios, lo que se traduce en una protección bastante débil, incluso la constitucionalización de algunos derechos, como el de trabajo, está marcada por una debilidad que estamos pagando en estos momentos. En realidad nuestra construcción del Estado del Bienestar se produce en un momento en que la propia figura del mismo está muy cuestionada y también viene condicionada por ese mismo momento.

 

A partir de ahí, en las diferentes crisis que se han vivido en España, como la crisis del 94’ y fundamentalmente la del 2008, las afrentas contra el Estado del Bienestar llueven sobre mojado, porque además, como ya sabes, hay una construcción del mercado de trabajo muy precaria y muy vinculada a esta continua dilapidación de derechos sociales. Fundamentalmente, con la crisis de 2008, lo que se produce es un giro radical, primero con la introducción de esa regla de oro en la Constitución, como es la reforma del artículo 135, y posteriormente con una serie de reformas que lo que hacen es romper todos los diques del sustento del Estado social en la Constitución.

 

Esto se combina con otra voluntad, que yo creo que ha sido manifiesta en las fuerzas conservadoras del país, de recentralizar competencias. Es cierto que a partir de 2008, con la excusa de “vamos a luchar contra la crisis económica”, lo que se produce es un fortalecimiento del Estado central con un mayor control de las autonomías y con un mayor control de Europa sobre el Estado central, en Grecia lo llamaban “el Estado intervenido”. En muchos aspectos España también pasa a ser un Estado intervenido, pero para intervenir ese Estado también era necesario que el propio estado interviniera sobre las Comunidades Autónomas de la mayor manera posible. Una de las maneras de realizar esa intervención es recortar el gasto público. Si se recentralizan competencias y luego se recorta el gasto público lo que se está haciendo es incapacitar a las entidades que tienen las competencias para actuar.

 

Hay distintos elementos incluso normativos que evidencian esta voluntad de recentralizar y con esa excusa de superar la crisis (de la cual no hemos salido nunca, porque la crisis financiera de 2008 nos está golpeando todavía). Creo que en ese sentido se combinan las dos cuestiones: recentralización con las distintas leyes que la provocan y desfinanciación y reducción de toda la capacidad de gasto público para la plasmación de los derechos sociales.

 

Antes comentabas un término que es el de “autoritarismo de mercado”. Hay otro término que también has trabajado que es el de “derecho neoliberal al trabajo”. ¿Qué significa este término?

 

Es un término acuñado por contraposición al de “derecho capitalista del trabajo”. Cuando estudiamos la evolución de los derechos laborales siempre se vincula la misma al constitucionalismo de posguerra y a la construcción de los Estados del Bienestar europeos. Hay un pistoletazo de salida anterior que es aquella declaración de Philadelphia de 1944, donde se decía “labor is not a commodity”, y a partir de ahí, del “trabajo no es una mercancía”, y en el marco de la creación del Estado del Bienestar, se construyen unas normas laborales que tienen muchos defectos pero que intentan actuar como una especie de bisagra entre los derechos de trabajadores y empresarios (pacto capital trabajo), para sostener el sistema capitalista. A este pacto social de posguerra y su correspondiente derecho le llamábamos “derecho capitalista del trabajo”, que era un derecho que sostenía el sistema pero que también reconocía al Trabajo como sujeto (sujeto colectivo) y que asentaba y protegía un número, en principio creciente, de derechos laborales y en ese sentido permitió esos famosos “30 gloriosos años” en un modelo keynesiano-fordista.

 

Ojo, que este derecho del trabajo del que hemos bebido, y que se instaura en nuestra Constitución, tiene muchos defectos. Por señalar uno muy relevante, está el defecto del patriarcado, es decir, hablamos de un derecho del trabajo constituido sobre un varón. En ese sentido se construye un derecho que impide por un lado los cuidados, no los reconoce, vinculado con este patriarcado capitalista, y por otro lado también protege los derechos laborales y crea esta ficción de un trabajo para toda la vida, con un contrato indefinido, con posibilidad de ir mejorando. Este modelo se rompe. Cuando se rompe (que se rompe por muchas partes) lo hace fundamentalmente a partir de los años 70’, cuando se implanta el paradigma neoliberal. Y uno de los puntos de la ofensiva neoliberal era justamente, romper el sujeto trabajo, es decir, romper los sindicatos. Cualquiera que sepa un poco de historia del Reino Unido y vea la actitud de Thatcher lo entenderá clarísimamente .

 

Cuando estudias la evolución del derecho del trabajo, de lo que te das cuenta es que este derecho capitalista del trabajo, criticable pero fundamentado en un pacto social que reconoce los derechos colectivos de los trabajadores, va mutando. Y esta mutación se ve muy clara, por ejemplo, en el modelo español a partir de 1984 con las reformas laborales que van rebajando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y se ve claramente ya en la reforma de 2012. Es un derecho que ya no busca el pacto social, es un derecho orientado a asegurar un aumento de la tasa de ganancias de las grandes  empresas, que tiene la precariedad como norma, que no aspira a la estabilidad en el empleo sino que a lo que está aspirando es a una mal llamada flexibilización para que la mano de obra sea contingente. Así, el despido se transforma en una herramienta más para asegurar esto.

 

Este “derecho neoliberal del trabajo” creo que es el que se implanta absolutamente en España a partir de la reforma de 2012, que ahora está intentando ser revertido por la ministra Yolanda Díaz y otros miembros de su equipo como Joaquín Pérez Rey y otros profesores y profesoras de derecho del trabajo que precisamente han teorizado sobre estas cuestiones. La propia Yolanda también es laboralista y había teorizado ya el cómo había que revertir este derecho neoliberal, porque es incluso contrario a un buen funcionamiento de un modelo capitalista que tenga cierto rostro humano.

 

Precisamente quería preguntarte por la ministra de trabajo, que está siendo una de las representantes del gobierno que más aceptación tiene entre la gente de izquierda (y diría que entre la población en general). ¿Qué medidas ha impulsado y en qué se diferencian respecto a la crisis de 2008?

 

Lo primero que hay que tener en cuenta aquí es el impacto de la crisis. La OIT va actualizando el impacto sociolaboral de esta crisis, y en la de finales del mes de abril ya hablaba de la pérdida de 305 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Si miramos la degradación del empleo español vemos que el paro registrado en el mes de abril sube ya a 600.000 personas más y teníamos una caída de casi 900.000 afiliados a la Seguridad Social, es decir, la magnitud del golpe en materia laboral es enorme. Lo que sucede es que el punto de partido ya era malo. Si miramos los estudios que estábamos haciendo antes de que llegara este momento y los miramos a nivel global vemos que justo antes de la pandemia, casi 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras del mundo estaban trabajando en situaciones sumamente desfavorables, en economía sumergida, etc. Es decir, la situación del trabajo en el mundo ya era muy compleja pero cuando llega el coronavirus lo que ha evidenciado es que podríamos ir hacia una situación de catástrofe laboral.

 

En este sentido, creo que el Ministerio de Trabajo ya venía en una agenda marcada por dos grandes retos. El primero, llegar a un nuevo estatuto del trabajo donde volviera a reeditarse un pacto social basado en unos principios bastante más tuitivos que el anterior.  Pero en el “mientras tanto” (dado que es un proceso largo) se debía proceder a la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, punto complejo que ha levantado polémicas, dado que esa reforma laboral -en mi humilde opinión- era tan extensa, que afectaba al código genético del derecho del trabajo estatal. Y por lo mismo era imposible acometerla de un plumazo, sino que requería de una técnica específica, una reforma por partes  (de hecho la primera parte que cae es el despido por enfermedad, etc.)

 

Cuando llega la Covid19, el ministerio debe actuar y se dispone a actuar en el sentido contrario a como se actuó en 2008. Si en 2008 la actuación fue una devaluación interna gravísima para atraer inversión extranjera sobre la base de la reducción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ahora, lejos de esa postura, lo que hace este ministerio es justo lo contrario, empezando por el Real Decreto Ley 8/2020 y los que le han seguido. Estas normas suponen toda una serie de medidas que van dirigidas directamente a proteger los dos lados de la relación laboral, con una serie de instrumentos entre los cuales el más conocido son los ERTE, pero también la prohibición parcial de despedir. Además, es bien sabido que se han articulado normas específicas para la protección a los colectivos especialmente vulnerables como, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras temporales, las y los autónomos, trabajadoras del hogar, etc. Es importante notar que se está impulsando a la vez una especie de voluntad de pedagogía normativa. Así, por un lado, en las muchas normas aprobadas encontramos matices que señalan que “esto no puede recaer sobre las mujeres” o que “hay que corresponsabilizarse, hay que conciliar”. Por otro lado, también se marca una línea importante cuando se establece que las empresas que tienen su sede en paraísos fiscales no puedan acogerse a los beneficios de los ERTE. Y, como corolario de todo esto, tenemos un diálogo social que no cesa de conseguir acuerdos para sostener las medidas, fortaleciendo así, sin duda, la línea marcada por el Ministerio de Trabajo.

 

Pero, más allá de la enorme importancia de todo lo anterior, creo que hay una cuestión que debemos plantearnos: el derecho del trabajo no es la solución para todo. No podemos pedirle a éste que sea la solución de la crisis. Podemos pedirle que sea una medida más de redistribución de consecuencias como puede serlo de redistribución de la riqueza, pero lo que está claro es que con normas laborales no vamos a sostener el tejido productivo hasta que acabe la crisis, porque no es la función del derecho del trabajo. Tienen que ponerse en marcha otras funciones del Estado a nivel industrial, impositivo, a nivel de servicios sociales, etc., para sostener a las empresas y a los trabajadores. Creo que es importante descargar presión del Ministerio de Trabajo y entender que la ruta de reformas hacia una dignificación de las relaciones laborales tiene que seguir, sin perder de vista la urgencia, pero teniendo en cuenta que esto es una reforma a largo plazo.

 

No puedo dejar de preguntarte por lo que ha ocurrido en la fábrica de Nissan. Han resonado algunas medidas como, por ejemplo, las nacionalizaciones. ¿Cómo ves este conflicto y cómo crees que se podría resolver?

 

Es un problema que viene de largo. Ya sabemos lo que significan estos procesos de deslocalización, es decir, la estructura de la economía mundial en grandes cadenas globales de valor, mediante las cuales las empresas matrices se mantienen en el norte global, mientras deslocalizan, desterritorializan y descentralizan la producción. Esta deslocalización persigue fundamentalmente una cosa, que es la reducción de costes laborales, lo que ha llevado a muchas empresas a deslocalizar su producción hacia otros estados del sur global, en los que las condiciones laborales son cada vez peores, incluso rozando la nueva esclavitud moderna. Parece que no nos acordamos de este problema de la deslocalización hasta que no nos afecta, pero en realidad es un problema global que está generando esclavitud y circunstancias gravísimas al nivel de derechos laborales que ahora nos afecta directamente.

 

Centrándonos en el cierre de plantas de producción en España y en sus consecuencias, creo que es una irresponsabilidad que empresas que tienen beneficios, o que por lo menos no tienen pérdidas reales, decidan, en una situación como esta, cerrar plantas industriales de las que dependen muchos puestos de trabajo. Creo que, además el Ministerio de Trabajo ha estado dando soluciones a muchas empresas para que eviten esta situación, para que eviten un despido colectivo de centenares de personas que dependen de su empleo para vivir. Ya lo decía el profesor Baylos, “el despido es la violencia del poder privado” y por lo mismo éste siempre ha de ser la última ratio, la última opción que se toma. Si tuviéramos los mecanismos de antes de la reforma laboral de 2012, donde se establecía la necesidad del consentimiento de la autoridad laboral competente para hacer estos despidos colectivos, probablemente tendríamos herramientas en el sector público para impedir este tipo de cosas, pero la reforma laboral de 2012 sigue vigente y no tenemos esa posibilidad.

 

A mi entender es importante que el Estado pueda intervenir en la economía, en materia laboral, de una manera más contundente, puesto que la función del Estado debe ser garantizar derechos. Y el trabajo, y más el trabajo de centenares de personas y la existencia de centenares de familias que dependen de esas personas y sus trabajos, debería poner encima de la mesa la necesidad de contar con instrumentos para proteger esos empleos. Cuando hablamos y mencionamos la palabra “nacionalización”, se levantan todos los miedos, parece que sea una palabra prohibida, cuando de facto se están practicando en EE.UU e incluso en algunos países la UE. Hay que poner este debate encima de la mesa. Ahora lo más importante es negociar con las empresas para que no se vayan. Aunque parezca que la decisión ya está tomada, existen mecanismos que se les han ofrecido para que no procedan a ese cierre. Es evidente que hay una crisis en el sector automovilístico pero no podemos permitir que ésta la acaben pagando los de siempre.

Creo que es una situación catastrófica, he estado siguiendo las protestas y las declaraciones de los sindicatos pero creo que tenemos la suerte (perdona la expresión) de que ahora están gobernando un grupo de personas, y en particular en el Ministerio de Trabajo,  que tienen una sensibilidad social, una militancia social y una vinculación progresista con los derechos de la gente. En este sentido confío en las determinadas medidas que vayan a tomar.

Pero también creo que este es el momento de ir más allá y replantearnos el modelo, hemos hecho depender nuestra vida de largas cadenas globales de producción y de empresas matrices que utilizan la movilidad a efectos de hacer dumping social. Ese dumping social aquí se traduce en el desempleo de miles de familias, pero en otros países se está traduciendo en muerte, en auténticos crímenes contra las personas y la naturaleza, porque las empresas también deslocalizan para cometer crímenes impunemente. Tengamos en cuenta esto, vivimos hace ya años inmersos este proceso de reestructuración de las ganancias de las cadenas de producción a nivel global, lo de Nissan es otra de esas catastróficas consecuencias de este proceso.

 

Bloque II. Trabajo garantizado y renta básica

 

Los modelos de sociedad surgidos de la posguerra engendraron un constitucionalismo con amplias cartas de derechos sociales, sin embargo, la mayoría de estos derechos estaban vinculados con la capacidad de acceder a un empleo. Para hacer frente a este problema se han propuesto medidas como la Renta Básica Universal ¿Que limites le encuentras a esta propuesta? ¿Cómo valoras políticas públicas como el Ingreso Mínimo Vital que, sin ser una RBU, hereda algunos planteamientos de la misma?

 

La renta básica es una de la grandes propuestas de nuestro siglo y que cada vez más está en el centro del debate. Por mi lado, soy muy partidaria de la misma, creo que por sí sola desde luego no es la única medida, pero sí que es un mecanismo de redistribución de la riqueza que puede ser usado para garantizar derechos. A lo largo del proceso de confinamiento, durante la pandemia, numerosos debates han planteado el establecimiento de una RBU, la llegaron a denominar como “renta básica de pandemia urgente”, que consistiría en un proyecto de unos meses en los cuales se haría una inyección de unos 500 y pico euros a todas las personas que viven en este país (universal) sin que haya necesidad de demostrar nada (incondicional), que luego se podría recuperar vía impositiva a aquellos que pasasen unos límites de renta .

 

Esa propuesta fue cobrando fuerza. Por ejemplo, en el ámbito de ATTAC tuvimos debates muy interesantes con Daniel Raventós y el Observatorio Red Renta Básica que habían hecho estudios muy fundamentados acerca de la viabilidad de la propuesta. Evidentemente, la RBU es una propuesta de transformación dura que no ha sido asumida por el Gobierno. En cambio, el Gobierno de coalición decidió lanzar otra propuesta, que en estos momentos me parece muy necesaria, un Ingreso Mínimo Vital que va a tener carácter permanente y que es un proyecto a largo plazo..

 

Mi modelo sería una RBU combinada con otras medidas como el Trabajo Garantizado, pero el IMV ya es mucho, muchísimo más, de lo que se ha hecho en los últimos años. Ha habido un giro importantísimo basado en la una voluntad de inyectar dinero directamente en las familias, además este proyecto tiene menos condicionantes que las antiguas rentas de inserción y mecanismos para evitar o minimizar la victimización y la trampa de la pobreza.

 

Otra de las propuestas que se han hecho para afrontar la actual crisis de empleo, es la del Trabajo Garantizado.  Junto con Alberto Garzón y otra gente escribiste un libro titulado El Trabajo Garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización. ¿Qué potencialidades tiene una política pública de este tipo?

 

Cuando escribimos ese libro teníamos una tasa de paro del 27% en general y cerca de un 50% o más en el ámbito juvenil de menores de 25 años. Era una situación en la que realmente el pleno empleo parecía un imposible y donde era evidente que los poderes privados no podían dar respuesta a la necesidad del empleo y donde además había un mantra falso: “no hay trabajo”. No, lo que no había era el empleo formal impulsado por el poder privado (o público), pero trabajo había.

 

Ahora creo que hay un nuevo sentido común que nos ha dado la razón, que lo han impulsado el movimiento feminista o el movimiento ecologista entre otros. Es decir, trabajo hay, porque los cuidados, que por fin se reconocen y se sitúan en el centro del debate social, a raíz de la pandemia han cobrado más importancia. Nadie duda hoy de que la sanidad pública, el cuidado de nuestros mayores, la crianza de los más pequeños o la protección ambiental, son fundamentales para la vida y estos trabajos los ejercen mayoritariamente mujeres y sectores muy precarizados, son trabajos. En este sentido también creo que hemos aprendido otra lección que los movimientos ecologistas han venido poniendo sobre la mesa: estamos en el límite ecológico del planeta. Nos situamos así ante dos crisis, la climática y la de cuidados, que no pueden quedar opacadas por esta crisis del coronavirus, puesto que las tres se retroalimentan y debemos actuar conjuntamente. Por un lado, contra la crisis climática con una necesaria transición ecológica, y por otro, contra la crisis de los cuidados, las cuales requieren en los dos casos una cosa fundamental: inversión pública y trabajo. Trabajo de gente dedicada a cuidar, trabajo de gente dedicada a mejorar todos los proceso de transición ecológica existentes.

 

De hecho, la propia Unión Europea ha venido señalando que en la fase de reconstrucción será imprescindible situar la ecología en el centro, y que una vía para generar miles de empleos en Europa será el empleo verde vinculado a la transición ecológica. Nosotras llevamos mucho tiempo diciéndolo, y aquí recojo siempre las aportaciones de Yayo Herrero que “si los cuidados están en el centro, las personas que cuidan deben estar en el centro”, en este sentido creo que una posibilidad para generar empleo es este trabajo de cuidados en un sentido amplio, como cuidado de la vida: todo el empleo agrario, todo el empleo dedicado a sanidad, todo el empleo dedicado a cuidados en materia ecológica, etc. Los yacimientos de empleo ahí están clarísimos, muchos informes lo indican.

 

En ese sentido la capacidad que tiene el Estado para generar empleo que sirva para sostener la vida es enorme, esto es lo que comentábamos en aquel libro que escribí junto con Alberto Garzón, no es que no haya trabajo, trabajos hay y son fundamentales para el sostenimiento de la vida y para que otra pandemia no impacte de la manera tan drástica como lo ha hecho esta.

 

Bloque III. Coyuntura valenciana

 

Has sido nombrada recientemente Directora General en la Vicepresidencia 2ª de la Generalitat. ¿Cómo valoras la actuación del Govern del Botànic con respecto a la crisis del Covid19?

 

El Govern del Botànic II, desde su entrada en esta legislatura, ha pasado varios momentos duros como la DANA, pero desde luego esta pandemia (creo que estamos todos de acuerdo) es el momento más duro de la historia democrática que han tenido que enfrentar los gobiernos, y yo agradezco que se haya enfrentado tanto en el País Valenciano como en España por gobiernos de coalición progresista, que han decidido aplicar una serie de medidas orientadas a proteger la vida de la gente y de las familias. La actuación del Govern del Botànic en este sentido la valoro muy positivamente, respecto de todos los equipos de todas las Conselleries y particularmente en la que trabajo actualmente, la Conselleria de Vivenda.

 

La Conselleria de Vivenda ha actuado de manera urgente, rápida y precisa para proteger el derecho a la vivienda. En este sentido lo que se ha hecho es impulsar por un lado la moratoria de desahucios, por otro lado el pago del 100% de los alquileres en el parque público, las ayudas al alquiler, también otras ayudas de emergencia a colectivos vulnerables ampliando el ámbito subjetivo, es decir, la noción de vulnerabilidad; y todo esto en combinación con lo que vienen haciendo otras Conselleries.

 

Si miramos la cantidad de dinero que está llegando a las familias valencianas en este momento es necesario constatar que la misma es importantísima, y esto es un giro conforme a lo que vivimos en 2008. Evidentemente hay que mantener una mejora constante, hay gente que permanece en situación de vulnerabilidad y esto nos debe impulsar a seguir trabajando. Para ello, nosotras mantenemos el contacto permanente con organizaciones sociales para seguir avanzando con políticas enfocadas en los sectores más necesitados. Nos hemos reunido con Cáritas para que nos cuenten la situación de las personas que están buscando alimento, con las organizaciones agrarias, con los sindicatos, con el colectivo de las Kellys, que tienen una situación realmente durísima. En concreto, estas compañeras no solamente han enfrentado los despidos durante la pandemia, sino porque ahora tienen que volver a trabajar en los hoteles donde se les exige mucho más sin reforzar medidas, personal, etc.

 

Te pregunto ahora por la forma en la que se ha tratado de afrontar la crisis por el gobierno central, por el gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, ¿era necesaria una centralización de las competencias por parte del Gobierno para la afrontar la crisis sanitaria? ¿No crees que la buena actuación de la Generalitat Valenciana o de los ayuntamientos de València o Barcelona, abrían un camino de cooperación más acorde con nuestro gobierno multinivel?

 

El Estado de alarma y la crisis sanitaria exigen un refuerzo de la coordinación y de la centralización. De hecho, una de las virtualidades, una de las razones del propio estado de alarma es poder coordinar toda la actuación del Estado y asegurar que todo el ámbito estatal esté adoptando una serie de medidas coordinadas necesarias para controlar, fundamentalmente, lo que más importaba y más importa, que es el contagio y la atención sanitaria. Creo que se ha intentado por todos los medios impedir el contagio, la expansión del virus y controlar y asegurar la asistencia sanitaria universal, porque de ello depende la vida de la gente.

 

A partir de ahí hay grados. Probablemente, y ese sería mi modelo, un menor grado de centralización y un mayor grado de coordinación multinivel como comentabas habría sido más entendible, y sobre todo habría ayudado a la comunicación y habría ayudado a la gestión de la situación, porque al final, la administración más cercana a las personas es la autonómica (y la municipal). También es verdad que nadie se podía esperar esto y nadie había gestionado nada igual. Que se han cometido errores, por supuesto, en todas las experiencias de gobierno se comenten errores, todas. No existe ninguna experiencia de gobierno perfecta.

 

Ahora bien, creo que es innegable que se ha gestionado esta situación poniendo los derechos de la gente por delante de cualquier otra cosa, el derecho a la vida primero, pero no el derecho a la vida en cuanto a la salud sino también a la alimentación, al trabajo, etc., y todo ello protegiendo también el tejido empresarial. Un equilibrio innegablemente complicado también y ahí pongo en valor, no solamente al Ministerio de Trabajo, sino a todos los Ministerios, que han actuado de manera coordinada para que esto ocurra. Ya en esta última etapa de la pandemia, ha quedado claro que la coordinación multinivel es necesaria y ahora, ya en esta recta final, se está evidenciando que sí que hay esta voluntad de coordinarse más con las autonomías.

 

La frase “lleialtat no es submissió” de Ximo Puig supuso un giro del PSPV que, en un primer momento, parecía que tapaba ciertos espacios a Compromís. Después hemos visto el “No” de Baldoví a la prórroga del Estado de alarma (un compañero publicó un artículo en Agon llamándolo el “momento Baldo”) y coincide, además, con una pérdida de apoyos del ejecutivo a la hora de votar la prórroga. ¿Cómo describirías estos hechos?

 

Como ha remarcado el Vicepresidente durante una entrevista, y no solamente él, sino también la Vicepresidenta Oltra y el propio President: “el Gobierno del Botánico está a prueba de bombas”. Es un gobierno cohesionado, que toma decisiones de manera conjunta. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya diferencias de opinión. Creo que esto se evidenció en esa frase de Joan Baldoví: “La infrafinanciación es evidente, y esto no lo va a negar nadie”. De hecho, un importante informe del IVIE de la semana pasada evidenciaba la especialidad vulnerabilidad del País Valenciano en su conjunto, tanto por modelo laboral como social pero también los costes de la infrafinanciación.

 

Esto no se nos olvida a nadie, es un reclamo y la primera persona en una campaña estatal que puso esto sobre la mesa fue Pablo Iglesias, lo tenemos clarísimo. Ahora bien, juntar en el mismo debate el apoyo a la prórroga del Estado de alarma, con el tema de la financiación y condicionar lo uno a lo otro, no es la mejor manera, en mi opinión, de hacer política que asegure que se ponen los derechos inmediatos de la gente en primer lugar. Creo que estamos actuando en dos escalas temporales distintas con un acuerdo en el fondo pero no en el momento y la forma.

 

Recomendaciones

 

Pasamos ya a las recomendaciones: una película que recomendarías.

 

La película creo que la tengo bastante clara, y más en estos momentos, porque llevamos ya tiempo estudiando el neofascismo, advirtiendo de que el neofascismo estaba creciendo, y hay una película especialmente importante para entender el fascismo que es “Novecento”. Me parece una obra de arte. Creo que es una de esas grandes películas que hay que ver y de las que hay que aprender.

 

Una canción que te guste.

 

Calle 13, Latinoamérica.

 

Un libro que todo el mundo debería leer.

 

Aquí me lo pienso más, porque hay un libro fundamental, que de hecho cuando doy clase, es una lectura obligatoria aunque sean dos capítulos, que es Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Junto con Federici suelo recomendar La guerra contra las mujeres, de Rita Segato, que es una autora latinoamericana que explica muy bien esto del mandato de la masculinidad y la necesidad de luchar contra el mismo.

 

Además ayer me regalaron uno sobre la política valenciana, sobre el cambio político en València de Isabel Donet, que además de una gran periodista es una compañera de trabajo y que me ha cautivado. El título es De l’erm al verd. Crònica del canvi polític valencià. Creo que es importante recorrer esta historia del cambio político valenciano de la mano de una periodista progresista y feminista. 

 

Ya llegamos al final, creo que hemos hecho un repaso interesante. Muchas gracias, Adoración.

 

Gracias a vosotros por la invitación, la verdad que ha sido de lo más agradable. Hablar de América Latina es siempre un placer, también de derecho del trabajo, y por supuesto esta oportunidad (como acabo de llegar tampoco he tenido muchas todavía), de comentar la vida política del País Valenciano; así que gracias por la invitación.

 

A ti, hasta la próxima.

¡Hasta la próxima!

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