Ingreso Mínimo Vital: una oportunidad perdida para la transformación

Julen Bollain

Pocas veces la creación de un nuevo derecho ha suscitado (o se ha provocado que suscite) expectativas tan grandes como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Quienes hemos estado en ambientes de política institucional conocemos a la perfección cómo se van dejando “miguitas” en los mensajes durante las semanas previas a un “bombazo”. La finalidad de hacer camino poco a poco no es saber cómo volver al punto de partida al más puro estilo Pulgarcito, sino ir allanando el terreno y creando unas expectativas en la sociedad para cuando des el golpe de efecto. Las expectativas que se crearon con el IMV fueron enormes: “protegerá a millones de hogares”, “permitirá no dejar a nadie atrás”, “un día histórico”, “sacará de la pobreza extrema a más de un millón de personas”… Pero existe un gran problema con las expectativas creadas cuando éstas están muy infladas y se dan de bruces con la realidad. Y esto es, en parte, lo que ha ocurrido con el IMV. Mucha comunicación política para un derecho que ha nacido vaciado.

 

Este artículo no es para entrar a valorar el contenido del IMV, puesto que ya lo he realizado en otros escritos junto a distintas compañeras. Por lo tanto, aquí no hablaré de la insuficiencia de la cuantía (inferior al umbral de pobreza extrema), del hecho de no proteger a las familias golpeadas por la crisis del coronavirus, de la enorme inseguridad jurídica al contemplar en tan solo 37 artículos 46 menciones a desarrollo reglamentario o de la criminalización de la pobreza que se contempla en una norma supuestamente protectora.

 

Por el contrario, trataré de realizar algunos apuntes breves de por qué ha fallado tan estrepitosamente en sus primeros meses y haré una pequeña mención de por qué creo que una renta básica incondicional ofrece muchas ventajas de ámbito técnico, económico, social y psicológico en comparación con las rentas mínimas.

 

Hemos podido leer en los últimos días múltiples noticias que arrojaban cifras sobre las solicitudes realizadas, las que se han tramitado, las que han sido aprobadas o las que han sido rechazadas. Estas cifras nos muestran que de las más de 700.000 solicitudes realizadas, solamente han sido aprobadas 80.000. Una cifra que, además, es engañosa. Porque, de las 80.000 solicitudes con el visto bueno, 74.000 han sido otorgadas de oficio a familias que recibían la prestación por hijo a cargo (la cual ha sido eliminada). Es decir, solamente alrededor de 6.000 solicitudes de las más de 700.000 presentadas han sido resueltas y aprobadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (menos del 1% del total presentadas).

 

Ante este descalabro hay dos preguntas clave: ¿a qué se debe esto y, sobre todo, era previsible? Bien, esto se debe principalmente a una avalancha de solicitudes que ha hecho colapsar a una administración que no cuenta con los recursos suficientes y que no está técnicamente formada para hacer frente a la gestión del IMV. Este colapso de la administración era tan previsible que hace más de 4 meses, el 15 de abril exactamente (antes de la aprobación del IMV), ya lo advertimos Tinixara Guanche y yo mismo en un artículo. Y a raíz de este colapso, la tramitación de las solicitudes ha sido congelada casi en su totalidad, teniendo como consecuencia que miles de familias fuertemente golpeadas por la crisis, y que llevan varios meses sin ingresar un solo euro en casa, sigan esperando a que “alguien” se ponga las pilas y haga efectivo su derecho al IMV.

 

Además, no podemos obviar las dificultades que acarrea el hecho de que la solicitud del IMV deba hacerse de manera telemática en un momento en el que es casi imposible hablar por teléfono con alguna trabajadora que nos eche un cable para rellenar la solicitud o acudir presencialmente a una oficina de la Seguridad Social. Yo he navegado por la página web en la que se realiza la solicitud y realmente, hasta para una persona que ha nacido en la era digital, da miedo. Imaginaos cómo debe ser en aquellos colectivos más fuertemente castigados por la brecha digital (ya sea por desconocimiento o por dificultades de acceso).

 

Debido a estas dificultades, intermediarios sin escrúpulo alguno han aprovechado para lucrarse y hacer negocio con las desgracias ajenas. Intermediarios que cobran 60€ por ayudarte a rellenar la solicitud del IMV. Y no será porque no avisamos. Desde un primer momento dijimos que era necesario que la solicitud del IMV fuese simple y entendible para todas las personas y, lamentablemente, no está siendo así.

 

Hace pocos días leíamos al ministro Escrivá afirmar que la Seguridad Social estaba haciendo grandes esfuerzos para que la tramitación de las solicitudes fuese lo más rápido posible y que esperaba que en unos meses estuviera todo resuelto. ¿Unos meses? Señor ministro, ¿cómo van a llenar la nevera esas miles de familias que no han tenido ningún ingreso en más de medio año?

 

En definitiva, el IMV está fracasando estrepitosamente y las consecuencias de su mal funcionamiento están condenando a muchas familias a la más absoluta vulnerabilidad. Y es que no nos engañemos: el IMV y su presupuesto de 3.000 millones de euros se queda muy corto en comparación tanto con lo que el PSOE proponía en su último programa electoral (6.000 millones de euros) como con la propuesta de la AiREF en 2019 (5.500 millones de euros). Ni qué decir en comparación a lo que Podemos propuso en aquellas elecciones europeas de 2014, que no era una renta mínima sino una renta básica incondicional con la que se garantizaría el “derecho a una renta  para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno”.

 

Y es que una de las señas de identidad de Podemos en su nacimiento era, precisamente, la renta básica incondicional. Una renta básica que rápidamente fue olvidada pese a ser siempre una de las medidas más votadas por los inscritos e inscritas en las asambleas ciudadanas realizadas. Una medida transformadora que además da respuesta a los retos del siglo XXI y está alejada de las viejas soluciones de los partidos tradicionales de izquierda (¡ay, el pleno empleo!). Pero, ¿hubiera sido capaz una renta básica de cuarentena (debido a la imposibilidad de institucionalizarla en apenas unas semanas) de dar respuesta a la crisis socioeconómica originada por la pandemia? ¿En qué se diferencia una renta básica de las rentas mínimas como el IMV y qué ventajas ofrece? Veamos.

 

En primer lugar hay que recordar que la renta básica recorre por un camino totalmente opuesto al de las rentas mínimas. Una renta mínima nunca acabará siendo una renta básica porque parten de concepciones distintas. La lógica de las rentas mínimas no es otra que ofrecer una ayuda ex post a personas que se encuentren en determinada situación de necesidad y puedan demostrar ante la Administración Pública que son “merecedoras” una prestación. La renta básica, por el contrario, no ayuda a las personas una vez éstas han “fracasado”, sino que al ser una asignación monetaria que recibiría toda la población como derecho de ciudadanía o de residencia acreditada, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía ex ante. Así, con la renta básica se consigue la lógica incondicional de las medidas que actúan ex ante, no obligando a muchas personas a comportarse como “sumisas suplicantes”.

 

En segundo lugar cabe mencionar el laberinto burocrático al que el IMV está condenando a gran parte de la ciudadanía. La renta básica, tal y como lo admiten hasta los más acérrimos detractores de la medida, se comporta de manera envidiable ante este problema ya que al ser incondicional (no depende de condiciones ni de comprobaciones) y universal (la recibiríamos todas las personas en determinado área geográfico) no comporta ningún tipo de control ni a la hora de solicitarla ni a la hora de comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos y las obligaciones (como sí lo hace el IMV). Con esta característica, además, no solo se consigue eliminar papeleos y que afecte positivamente a la salud mental de las personas solicitantes, sino que también se optimizan los recursos de la administración pública reduciendo enormemente los costes administrativos.

 

En tercer lugar creo que es importante recalcar la gran tasa de no-aceptación (non take-up rate) que tienen las rentas mínimas. Éstas no ofrecen una cobertura completa de la totalidad de la ciudadanía que cumple los requisitos necesarios de acceso. En Europa, dependiendo del país, entre el 20% y el 60% de las personas en riesgo de pobreza quedan fuera de estos programas de rentas mínimas. Además, el número de personas a las que se dirigen estos programas, habitualmente, suele ser ya de por sí muy reducido debido a las limitaciones presupuestarias (el IMV, por ejemplo, solo pretende llegar a un 20% de las personas en situación de pobreza en España). Y cuando hablamos de limitaciones presupuestarias y planteamos este problema, se nos suele decir que “el IMV tiene carácter de derecho subjetivo” y que, por lo tanto, “debe haber recursos sí o sí para satisfacer la demanda”. Y es cierto. Pero no es menos cierto, como la evidencia y la experiencia nos demuestran, que el endurecimiento de los requisitos de acceso, es decir, el hecho de dejar a ciertos colectivos (migrantes, personas jóvenes…) fuera, es una herramienta de la que muchos gobiernos echan mano. Que para acceder al IMV haya que ser mayor de 23 años no es un recorte presupuestario per se, pero lógicamente a final de año, cuando se hagan las cuentas, el dinero destinado a esta política será menor cuanto más disminuyamos el número de potenciales beneficiarios.

 

En cuarto lugar me gustaría hacer especial hincapié en los problemas de estigmatización que acarrean consigo las rentas mínimas, los cuales también aumentan considerablemente la tasa de no-aceptación. Y es que las rentas mínimas, a diferencia de la renta básica que la recibiríamos todas las personas, son socialmente divisivas en la medida que dividen a la sociedad entre aquellas personas que dan y aquéllas que reciben, creando un estigma social en quienes la reciben. Un estigma acrecentado porque a los ojos de gran parte de la sociedad ser pobre constituye una forma de desviación social, habiéndose instalado en el imaginario colectivo la creencia de que salir de la pobreza no solo es posible, sino que además es digno de elogio. Como consecuencia de esta creencia, las personas que reciben asistencia pública son etiquetadas como vagas, carentes de ambición, perezosas o moralmente débiles.

 

Por lo tanto, con una renta básica hubiéramos conseguido que toda persona, independientemente de su condición y afectación por la COVID-19, tuviera ingresos desde el primer mes. Creo humildemente que garantizar la existencia material de toda la ciudadanía, como punto de partida, no está nada mal. Pero es que además, se hubieran evitado todos los problemas derivados de la mala gestión del IMV, el laberinto burocrático por el que tantas familias han pasado, los errores de cobertura (estimados en las prestaciones incondicionales en torno al 0%) y los problemas derivados de la estigmatización ya que ninguna persona se sentiría señalada al percibir una derecho incondicional. Y por último, pero no menos importante, una renta básica dotaría a las personas de la libertad necesaria para elegir su propio camino sin miedo a que nadie les “quite” la prestación por no cumplir con algunos de los requisitos u obligaciones.

 

Creo sinceramente que no se puede tratar de dar respuestas a las nuevas realidades del siglo XXI con políticas del siglo XX que han demostrado no cumplir sus objetivos. Y es que esto no va de posibilismos o del mal menor. Esto va de hacerlo bien y de no dejar, de verdad, a nadie atrás. La cuestión en la actualidad es cómo hacemos frente a una situación de excepcionalidad, remando todos y todas en la misma dirección para salir reforzadas y sentando las bases para transformar nuestra sociedad en una donde la economía esté al servicio de las personas, apostando por la modernización de la misma y traduciendo los retos que tenemos en nuevas oportunidades para el bien común. Y, para ello, la solución no es una mala réplica, sino una transformación de nuestra “vieja normalidad” que mire al futuro.

Julen Bollain es economista, miembro de la Red Renta Básica e investigador en Renta Básica. @JulenBollain

  • Blanco Icono de Instagram
  • Twitter Icono blanco
  • Blanca Facebook Icono
  • Telegram-White-PNG

ReconÈIXER la tradició 

plurinacional i emancipatÒria

del nostre país 

és la condició de possibilitat

per A poder governar-nos

VOLS PUBLICAR

A AGON?

Publicacions

recomanades

© 2020 Agón, Cuestiones políticas