¿Unidad? Una pregunta que no impide el balance

Mario Aráez

                                                    Foto: Agencia EFE

 

Cuando escuchamos la palabra unidad las primeras preguntas que debemos hacernos es: ¿con quién? y ¿para qué? Recientemente hemos escuchado al presidente del gobierno pedir unidad en la conferencia “España puede” delante del Ibex 35 al completo. Da la casualidad de que se suele pedir unidad cuando hay crisis, pero se ignora que en una sociedad como la nuestra puede haber intereses totalmente antagónicos, como en este caso entre los empresarios del Ibex 35 y el pueblo trabajador. Por este motivo, debemos tener cuidado al escuchar la palabra unidad, más si es pronunciada por el PSOE delante de la élite empresarial y con sendos guiños hacia la derecha.  La palabra unidad la utilizan los privilegiados para impedir el avance en derechos de los de abajo. Siempre se pide unidad y se dice “no es el momento” cuando hay otra forma diferente de hacer las cosas a la que se tenía hasta ahora.

La primera vez que se empezó a utilizar el discurso de “unidad” o “todos contra el virus”, se utilizó con un lenguaje belicista que ya señalé junto a Albert Portillo en un artículo que se publicó en Viento Sur [1]. Aunque parezca que hace mucho tiempo de eso, realmente estamos hablando de hace aproximadamente 6 meses, justo cuando se decretó el Estado de Alarma. Para muchos se decretó tarde y puede que tengan razón, pero lo que sí que está claro es que el Estado de Alarma vino de la mano de una construcción discursiva que incitaba al conservadurismo, a no pasar a la ofensiva por conseguir nuevos derechos. Para el gobierno (o una parte de él) más valía unirnos todos para combatir el virus, que cambiar las cosas para que no pagasen los trabajadores la crisis que se avecinaba.

Otra cosa que no tardo en hacer el gobierno es centralizar las competencias de las Comunidades Autónomas, vía mando único, haciendo saltar por los aires el propio Estado de las Autonomías, lo que muchos llamaron un 155 encubierto. Algo de dudosa eficacia y más cuando el propio Estado español cuenta con las conferencias sectoriales donde se podría haber reunido el ministro de sanidad junto a los respectivos consejeros de sanidad de cada autonomía para intercambiar información con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria. El mando único no fue capaz de dar respuestas claras a la situación sanitaria, simplemente porque no tenía el mismo conocimiento que puede tener un consejero en su comunidad autónoma que gestiona la sanidad durante toda la legislatura autonómica y está más arraigado a la situación territorial.

Yendo a algunas medidas que se tomaron, para poder hacer una valoración de la gestión del gobierno desde marzo, hay que acordarse de la tardanza a la hora de decretar el cese de toda actividad económica no imprescindible. Parar la economía era algo necesario para evitar el contagio masivo en lugares de trabajo. El gobierno lo hizo el 30 de marzo, cuando entre todo el Estado se sumaban 85.195 casos y 7340 fallecidos. Hay ejemplos de países como Nueva Zelanda que decretaron el confinamiento total cuando apenas contaba con 102 casos confirmados. Sin duda el gobierno evitó decretar el confinamiento total para que los empresarios siguieran obteniendo beneficios hasta que fue irremediable.

Otra cuestión versa sobre la Tasa Covid, un impuesto a grandes fortunas para ampliar la justicia social en un contexto de una crisis sin precedentes. Para la parte neoliberal del gobierno, liderada por Nadia Calviño, no era el momento de exigir a los más ricos que aportasen más. Ahí quedó patente que no había una correlación de fuerzas favorable para entrar en un gobierno con un partido que nunca ha dejado de defender los intereses de los más privilegiados representados en el régimen del 78. Un impuesto a las grandes fortunas era algo que se podía realizar, de hecho, el gobierno argentino liderado por Alberto Fernández, cuando escribo estas líneas está preparando un impuesto que afecta a fortunas superiores a 200 millones de pesos (2,2 millones de euros). Un impuesto que en el caso español podía utilizarse para invertir más en sanidad, asegurar una “vuelta al cole” con seguridad sanitaria y financiar ayudas para trabajadores y pequeñas y medianas empresas. La situación que se estaba viviendo en hospitales y en muchas familias hacía necesario ese esfuerzo de las grandes fortunas para no dejar caer a los de abajo. No era algo revolucionario, sino una necesidad social que el PSOE decidió ignorar.

Tampoco era el momento para derogar la reforma laboral de 2012, aun habiendo firmado un documento con Bildu en el que el gobierno se comprometía a derogarla íntegramente. Quizá el aspecto técnico de esta reforma laboral era más complejo, lo que hacía difícil poder derogarla íntegramente de un día para otro, como recordaba Adoración Guaman, esta «era tan extensa, que afectaba al código genético del derecho del trabajo estatal. Y por lo mismo era imposible acometerla de un plumazo, sino que requería de una técnica específica, una reforma por partes» [2]. Aunque esto fuera así, el movimiento del PSOE dañó al bloque de investidura y perjudicó las relaciones con los nacionalismos de izquierda que le habían aupado hasta la presidencia.

Se empezaba a vislumbrar ya que la unidad de la que se iba a hablar no era con ERC y Bildu, los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, sino con la derecha. Unos meses antes de que el PSOE tantease a Ciudadanos y lanzase mensajes al PP para sacar unos presupuestos adelante ya lo decía la diputada Mertxe Aizpurua: «Nos tememos que el PSOE ha decidido apostar por la derecha, por pactar con el PP y Ciudadanos. Este escenario complica mucho cualquier futuro en términos de izquierda o progresista. Hemos dado oportunidades a este Gobierno, pero lo que vemos hace difícil este camino. No permitiremos que la crisis la pague la gente. El PSOE ha perdido credibilidad para afirmar lo que yo estoy afirmando» [3].

También se quemaban los campamentos de migrantes en Lepe, la situación de las personas migrantes era y sigue siendo insostenible. Los CIEs se cerraban por la pandemia, pero para volverse a abrir en un futuro. Una ley de extranjería que debe ser derogada sigue estando en vigor. En ningún momento este gobierno ha hecho el amago de derogarla, y es la causante de que muchas personas migrantes estén viviendo en unas condiciones infrahumanas y trabajando sin contrato. La pandemia solo ha hecho que azotar de mayor forma a las personas migrantes; sin luz y sin agua el riesgo de contagio es mayor. Proteger a los migrantes que están en suelo español debería ser la responsabilidad del gobierno y por ahora no ha habido movimientos claros para solucionar el problema. La regularización no es solo una cuestión puramente humanitaria, sino que como asegura Gonzalo Fanjul en esta entrevista [4], la regularización aportaría al Estado español hasta 1500 millones de euros al año.

Por otro lado, hay que mencionar lo fallido que ha sido el Ingreso Mínimo Vital, pese a que el gobierno lo ha vendido como una victoria histórica. No debería hablarse tan a la mínima de victorias históricas, más cuando la medida resulta ser una farsa. Como ya indicaba Julen Bollain en un artículo publicado en esta misma revista [5], menos del 1% de las 700.000 solicitudes del IMV han sido resueltas. El gobierno ha puesto en marcha una medida que sabía que iba a ser de difícil acceso porque las trabas burocráticas son grandes. La situación era óptima para poner en marcha una renta básica universal e incondicional que no dejase caer a muchas personas que lo han hecho y lo siguen haciendo. No podemos consentir que una vez más en el Estado español caigan más personas en la pobreza y la pobreza extrema, de hecho, debería ser una oportunidad para que muchas personas saliesen de la situación de precariedad en la que se encuentran.

Respecto a los conflictos obreros que han surgido en la Nissan de Barcelona y Alcoa, el gobierno ha guardado silencio sin proponer ninguna solución en vía de nacionalización. Sí que es cierto que gracias a los 95 días de huelga de los trabajadores de Nissan se han pospuesto el cierre de la factoría para diciembre del año 2021, pero esto no soluciona el problema de fondo. El gobierno debería haber intervenido ya, tanto Nissan como Alcoa, para salvar los puestos de trabajo con un plan ecologista encima de la mesa que permita cambiar el modelo productivo hacia un modelo más acorde con las necesidades sociales.

Por último, recientemente hemos visto aparecer en prensa la muy probable absorción de Bankia por parte de Caixabank. Una fusión que parte del gobierno conocía, pero como de costumbre, no se había comunicado a los ministros de Unidas Podemos. Lejos queda la recuperación de los 24.000 millones que se utilizaron para rescatar Bankia. Esta absorción será una privatización encubierta (el Estado tiene una participación del 61% en Bankia que en el resultado de la fusión se convertiría en un 14%) que aleja a los ciudadanos de la necesaria banca pública bajo control social y a un parque de viviendas público. No sé a qué espera el gobierno más progresista de la historia para parar la creación de un oligopolio en un sector muy opaco con gran poder acumulado y con poca validez democrática.

Se ha obviado hablar de la huida del Juan Carlos I y la complicidad del gobierno por darle más importancia a medidas concretas que afectan al seno de la clase trabajadora. Aun así debe mencionarse por la vergüenza democrática que significa que un exjefe de Estado huya de la justicia después de revelarse que ha estado implicado en casos de corrupción.

La propuesta de medidas que hemos nombrado son algunas de las que el gobierno podría haber llevado a cabo durante el periodo que ha estado activo, la mayoría en un contexto que era proclive a ello. Al parecer la pandemia lanza la excusa perfecta para buscar el consenso con las élites en oposición a lanzar una ofensiva por una ampliación de derechos de los de abajo. La unidad en abstracto es algo que no nos sirve, se debería buscar la unidad del pueblo, nunca aliarse y mucho menos subyugarse a las élites económicas mediante la falsa idea de unidad. Si el gobierno de verdad buscase la única unidad que nos sirve al pueblo que es la del 99% frente al 1%, avanzaría hacia una unidad de acción con los nacionalismos de izquierda, asentando una colaboración confederal, derogaría la ley de extranjería, limitaría el precio del alquiler y nacionalizaría Nissan y Alcoa para caminar hacia un cambio del modelo productivo que ponga en marcha una reindustrialización verde, esto entre otras muchas decisiones políticas que pueden tomarse.

No solo existen las propuestas que se lanzan en este articulo a posteriori, en el momento existían propuestas programáticas que firmaron de forma unitaria una gran cantidad de organizaciones y movimientos como la PAH, los sindicatos de inquilinas, Anticapitalistas, la CUP y hasta la revista Agon, bajo la campaña del Plan de Choque Social. Algunas propuestas eran básicas y realistas: el lanzamiento de un plan de producción de material sanitario y respiradores para solventar las roturas de stock, la puesta en marcha de una renta básica universal e incondicional, la prohibición de los despidos, la suspensión de pago de alquileres, hipotecas y suministros básicos, la excarcelación de presos mayores de 65 años y enfermos graves… Cuestiones que el gobierno podría haber solucionado vía Real decreto dado el carácter de extraordinaria y urgente necesidad que prevé la Constitución Española en su artículo 86.

El PSOE ya hizo subordinarse a Podemos en una maniobra de transformismo en términos gramscianos. Lo absorbió, atomizó su espacio y dejo sin guía a una gran cantidad de trabajadores que confiaban en que con la formación morada algo cambiase. Ahora que no puede salirse nada de control, el PSOE quiere hacer una jugada maestra bajo el mantra de la unidad para pactar unos presupuestos con Ciudadanos y por qué no con el PP. En vez de mirar a su izquierda, prefiere mirar a su derecha porque es como se siente más cómodo. Prefiere gobernar con el apoyo de fuerzas que no atentan contra ningún pilar del régimen del 78. Parece claro que el espacio de Podemos  ha sufrido una derrota histórica, aunque ahora, después de las elecciones vascas y gallegas, parece que el testigo y el legado del 15-M lo van a recoger los nacionalismos de izquierda. Lo que nos obliga a seguir pensando nuevas formulas confederales. No hay que caer en derrotismos, hay que construir un bloque histórico que en este momento histórico  sea capaz de dar la vuelta a las cosas, y convertir las oportunidades que ha generado la pandemia en un cambio social real.

Notas y referencias


[1] Aráez, M. & Portillo, A. (2020) “La tarea republicana de los cuidados” en Viento Sur https://vientosur.info/la-tarea-republicana-de-los-cuidados/ 


[2] Entrevista a Adoración Guaman en La Taula https://www.youtube.com/watch?v=wIAjpdklr9E&t=2021s


[3] Entrevista a Mertxe Aizpurua en Publico.es  https://www.publico.es/politica/reforma-laboral-aizpurua-bildu-ayer-psoe-apoyo-salvo-reforma-laboral-pp-demostro-vale-palabra.html


[4] Entrevista a Gonzalo Fanjul en Publico.es https://www.publico.es/entrevistas/gonzalo-fanjul-regularizacion-migrantes-meteria-arcas-publicas-1500-millones-ano.html 


[5] Bollain, J. (2020) “Ingreso Mínimo Vital: una oportunidad perdida para la transformación” en Agon. Qüestions Polítiques https://www.agoncuestionespoliticas.com/ingresominimo-oportunidad-perdida  
 

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