València es callaíta

Eva Gomis Jaén

                                       Foto: David Segarra

¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio! (Telón). 


Lorca pone punto final a La casa de Bernarda Alba decretando violentamente silencio; Bernarda dirige todos sus esfuerzos a contener el dolor en el interior de los muros de esa casa que ahoga y sus hijas quedan privadas de una historia que contarse para entender su trauma. En el lado opuesto, la propia Bernarda, dotada de la palabra, es la única capaz de imponer su historia–o mejor dicho, la ausencia de ésta–.


No pasamos por alto que sólo la palabra sagrada, la palabra soberana, tiene la potencia suficiente para silenciar, o lo que es lo mismo, negar absolutamente. Y la palabra sagrada no puede ser sino escrita: la palabra de las Escrituras que, secularizada, es la palabra de la Ley; la palabra jurídica. En fin, es la Ley una literatura particular, capaz de crear nombrando–igual que Dios, diciendo hágase la luz, y háganse las estrellas, y háganse las montañas, y háganse los ríos, y háganse las plantas, y háganse los animales, y hágase el hombre, crea el Mundo: la luz, y las estrellas, y las montañas, y los ríos, y las plantas, y los animales y los hombres– y de destruir prohibiendo u omitiendo; en cualquier caso, decretando silencio. 


Atendiendo a la estructura del Derecho moderno pareciera que éste reservó para el Derecho Civil un lugar central que más tarde vino a ocupar el Derecho Constitucional. Ambos me parecen, desde perspectivas opuestas, las más claras manifestaciones jurídicas del Pueblo entendido en sentido extensivo; y así, si la primera sería su manifestación paciente y, como las capas geológicas cortadas transversalmente, nos permite ver la formación de las relaciones ordinarias desde la Roma antigua, la segunda bien podría ser el ruidoso fruto de la excepcionalidad. 


Pese a que pudiera parecer lo contrario, el carácter plurinacional de nuestra Patria ha dado sus pasos más firmes tejiendo pacientemente y no golpeando ruidosamente. Nuestra Constitución se muestra tímida en este sentido y necesita afirmar la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible” para simplemente reconocer “nacionalidades y regiones” y posponer para el futuro su identificación y plasmación en la organización territorial. Pero al desplazar nuestra mirada hacia el Derecho Civil, observamos que éste viene dibujando desde antiguo un mapa casi exacto de las naciones de España. 


Si la vida cotidiana, con los problemas y soluciones gestados en cada época, encuentra especial expresión en la ley civil, a España le costó casi un siglo elaborar un Código Civil –con todo lo que ello implica: homogeneidad, cohesión, unidad–precisamente porque reúne modos de ser y vivir diversos. No es nuestra intención aquí hacer un repaso pormenorizado del asunto, pero sí debemos reseñar que en el siglo XV el Derecho castellano se independiza del romano, cosa que no pudo ocurrir más que junto con el derecho de otros territorios, esto es, unos fueros en buena parte liquidados a principios del XVIII, Decretos de Nueva Planta mediante. Pues bien, ni esta cicatriz en nuestra historia ni la voluntad unificadora del movimiento codificador que recorre no sólo España sino toda Europa, durante el siglo XIX, pudieron enterrar jamás el Derecho propio y concreto de los Pueblos de España y su voluntad de ser reconocidos. El Código Civil que manejamos hoy, y que data de 1889, sólo se pudo aprobar bajo el compromiso de mantener los Derechos especiales de los territorios, acordándose la redacción posterior de una serie de apéndices que así los recogieran. 


Las idas y venidas de nuestra historia contemporánea incidieron, como no puede ser de otra forma, en la posibilidad de redacción de dichos apéndices, acompañándola en todo su curso hasta la Constitución de 1978, pero ni siquiera Franco pudo silenciar este grito y tuvo que firmar las compilaciones de Derecho civil especial de los distintos territorios que fueron elaboradas durante la dictadura. Pese a que nuestra Constitución, como decíamos, se muestra tibia en lo que al reconocimiento de la plurinacionalidad se refiere, posibilita no obstante la confluencia, junto al Derecho civil común, del Derecho civil especial o foral de Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Catalunya e Islas Baleares. Claro que, por otro lado, hay un gran ausente: el País Valencià. Ahí sí se impuso el silencio. 


Nuestro territorio, que ha tenido a un Tribunal Constitucional implacable a la hora de marcar los límites de nuestra autonomía en materia civil, ha quedado despojado de unos derechos históricos que sin embargo sí pudieron verse reconocidos al amparo de la Constitución republicana de 1931. Ello, a nuestro parecer, redunda en una negación en tres tiempos: la primera, la negación presente de la posibilidad de identificación particular, como Pueblo, con nuestras propias leyes; la segunda, la negación de un pasado, de la posibilidad de escuchar el rumor de la historia valenciana, de conocer lo que fuimos, a través de sus normas; y la tercera, aquella negación que arrebata el futuro y la posibilidad de deseo de ser comunidad autogobernada. La imposibilidad, en definitiva, de ser Pueblo, estrechando y limitando el horizonte plurinacional de nuestro país. 


Frente a los que siempre nos pretendieron incompletos y estrechos reivindico, como otros tantos otros juristas valencianos, la recuperación de nuestro Derecho civil, de una palabra escrita que, reflejando y forjando una impronta propia, nos permita imaginarnos como Pueblo y rompa nuestro silencio. Para ello será necesario, en algún punto, la traición de la palabra-ya-escrita para que la palabra-todavía-no-escrita, se haga Ley; se haga, ella misma, palabra escrita.

Eva Gomis Jaén, es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universitat de València. Estudiante de Derecho en la Universitat de València y de Antropología Social y Cultural en la Universidad Nacional de Educación a Distancia

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